El Tribunal Supremo avala la legalidad del Plan General de Ordenación Urbana de Valsequillo de Gran Canaria
Considera innecesario someter el Plan General a estudios de impacto ambiental y devuelve el trámite al TSJC, que no podrá declarar nuevamente la nulidad por la falta de dicho trámite
El alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, dio cuenta en el último pleno ordinario celebrado hace algunos días de la decisión tomada por el Tribunal Supremo, que ha estimado los recursos de casación presentados por la Comunidad Autónoma y por el Cabildo de Gran Canaria en contra de la anulación del PGOU de Valsequillo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
“Todo este proceso se inicia por sendas denuncias presentadas por ASAVA y de forma personal por parte de José Miguel López y Constanza Martín, concejales de ASAVA en la oposición en el momento de aprobarse el PGOU, ya que consideraban ilegal la aprobación del documento urbanístico del municipio. Un documento que cuando fue aprobado cumplía con todos los requisitos legales pertinentes y que incluso estaba avalado y aprobado por todas las administraciones públicas competentes en el caso”, según ha explicado el alcalde de Valsequillo, Francisco Atta.
De acuerdo con las declaraciones de Atta, “la sentencia del TSJC llevó al pacto de gobierno anterior, formado por los grupos ASAVA-PP, ha acordar, en Junta de Gobierno Local y a propuesta del alcalde, desistir del recurso de casación, todo ello sin informe jurídico o técnico que avalara tal propuesta, y en contra de lo opinión de estos”.
Francisco Atta ha querido aclarar que “todo esto es de una irresponsabilidad gravísima, más aún cuando el motivo de anulación no era de los argumentados en las denuncias iniciales, sino que fue propuesto a instancia del TSJC”. Para Atta, “en las argumentaciones del anterior alcalde primó su interés particular y el del partido que representaba por encima del interés general, dejando en manos de terceros la defensa del interés general del municipio, y no temiendo en este caso la responsabilidad patrimonial que tendría que asumir el Ayuntamiento en el caso de una anulación total del plan”, concluyó.
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